Junio 15, 2017
(Washington, DC) – Altos mandos venezolanos deben responder por violaciones de derechos humanos generalizadas y graves cometidas por sus subordinados, señaló hoy Human Rights Watch. Como mínimo, tienen la obligación jurídica de prevenir y sancionar violaciones de derechos fundamentales cometidas por sus agentes, señaló Human Rights Watch.
A pesar de las abrumadoras evidencias de abusos, todo indica que autoridades con altas responsabilidades en el gobierno venezolano no han adoptado ninguna medida para prevenir ni sancionar estas violaciones de derechos. Al contrario, estos funcionarios han restado gravedad a los abusos o han negado lo sucedido, con frecuencia culpando a los manifestantes por los hechos de violencia. El Presidente Nicolás Maduro ha llegado al extremo de elogiar públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad y en ningún momento ha manifestado preocupación por los abusos que siguen ocurriendo. También el Ministro del Interior, el Mayor General Néstor Reverol, ha elogiado a la Policía Nacional Bolivariana durante un encuentro reciente de jefes de policía de todo el país, pero no ha dicho nada sobre la necesidad de frenar los abusos.
“Quienes están a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en los gravísimos abusos que ocurren a diario en Venezuela no están adoptando medidas para prevenir violaciones de derechos humanos ni llevar a los responsables ante la justicia”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es muy difícil creer que el anuncio reciente del General Padrino López reconociendo que se cometieron abusos es algo genuino; podría tratarse de un gesto propagandístico tardío para intentar evadir su responsabilidad personal”.
Según el derecho internacional, las autoridades responsables, sobre todo aquellas que están al frente de organismos involucrados en violaciones de derechos humanos, tienen la obligación de tomar medidas razonables para prevenir o sancionar los abusos cometidos por sus subordinados. Entre estas se incluyen las máximas autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Fiscalía General Militar.
Human Rights Watch ha examinado numerosas evidencias que sugieren que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, incluida la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, estarían implicados en un sinnúmero de abusos graves desde que los manifestantes salieron a las calles, a principios de abril de 2017. La evidencia incluye el testimonio de víctimas y sus familias, de testigos y de abogados que defienden a detenidos; videos y fotografías inequívocos y confirmados, y algunos publicadas por medios de comunicación independientes; e información difundida por el Ministerio Público o proporcionada por organizaciones de derechos humanos.
Los organismos de seguridad han empleado excesivamente la fuerza y han avalado ataques de grupos civiles armados partidarios del gobierno contra manifestaciones masivas de oposición al gobierno, que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos. Las fuerzas de seguridad también han realizado detenciones arbitrarias y han sido responsables de abusos físicos contra detenidos que, en algunos casos, podrían constituir tortura. Han arrojado cartuchos de gases lacrimógenos directamente al cuerpo de manifestantes, hacia periodistas, y al interior de establecimientos de salud y viviendas.
El 6 de junio, el Ministro de Defensa Vladimir Padrino López reconoció por primera vez que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana habían cometido abusos, y señaló: “No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle”. También dijo que quienes no respeten los derechos humanos y no actúen de manera profesional “tienen que asumir su responsabilidad”. Esto supone un distanciamiento de anuncios suyos anteriores, en los cuales afirmó que las operaciones se habían llevado a cabo en el marco de un “absoluto respeto por los derechos humanos” y rechazó las conclusiones del Ministerio Público que implicaban a miembros de la Guardia Nacional en la muerte de un manifestante. Los señalamientos de abusos han continuado desde entonces.
Durante las manifestaciones han muerto 67 personas, incluidos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, según datos del Ministerio Público. La Fiscal General ha iniciado investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales en más de la mitad de las más de 1.200 lesiones registradas. En al menos 10 casos, el Ministerio Público encontró evidencias para imputar a miembros de las fuerzas de seguridad por el asesinato de manifestantes o transeúntes.
Miles de manifestantes y transeúntes han sido detenidos desde principios de abril. La justicia militar ha procesado a más de 350 civiles por distintos delitos, incluidos los de “traición a la patria” y “rebelión”, una práctica que resulta incompatible con las obligaciones de derechos humanos de Venezuela conforme al derecho internacional y regional. Estos procedimientos han negado a las personas acusadas de cualquier medida de debido proceso, y en muchos casos los cargos se han formulado grupalmente, sin ni siquiera simular que se presentaban pruebas concretas. El derecho venezolano reconoce a la Fiscal General Militar, Capitana Siria Venero de Guerrero, la facultad de dar instrucciones a los fiscales militares para que acepten casos pertinentes y rechacen su participación en casos en los cuales es improcedente; sin embargo, en ninguno de los casos de civiles llevados ante la justicia penal militar, la Fiscal General Venero de Guerrero ha cumplido con su deber.
Las víctimas y sus familias han señalado que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional están implicados en casos de detención arbitraria y abuso de detenidos. Este organismo no ha liberado a personas detenidas que cuentan con una decisión judicial que dispuso su liberación.
El Mayor General José Antonio Benavides Torres, jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, ha declarado que esta fuerza es “respetuosa de los derechos humanos” y que su actuación ha sido “muy profesional, impecable”. Benavides Torres también ha sostenido públicamente que la justicia militar era “competente” para juzgar a civiles, y que la Guardia Nacional Bolivariana ha participado en operativos para presentar a civiles detenidos para que fueran procesados ante la justicia militar. No ha expresado en forma pública ninguna preocupación por los numerosos señalamientos de abusos cometidos por la Guardia Nacional Bolivariana.
Salvo la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien en meses recientes empezó a distanciarse del gobierno y repudiar los abusos, en general los funcionarios de mayor rango no parecen haber adoptado ninguna medida para terminar con los abusos o asegurar que se haga justicia, indicó Human Rights Watch. Tampoco han apoyado públicamente los esfuerzos de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz para investigar abusos recientes e impulsar que todos los procesos contra civiles se tramiten en la justicia penal ordinaria. En un país sin independencia judicial, y donde es poco probable que la fiscal general consiga, por sí sola, resultados significativos en los esfuerzos por enjuiciar a los responsables de abusos, las voces de estos altos funcionarios son indispensables para garantizar que se rindan cuentas por estos actos.
Entre los altos funcionarios a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en abusos generalizados y del juzgamiento de civiles en la justicia militar, se encuentran el Mayor General Benavides Torres, a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana; el General en Jefe Padrino López, ministro de Defensa y Comandante Estratégico Operacional; el Mayor General Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; el General Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana; el Mayor General Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y la Capitana Siria Venero de Guerrero, Fiscal General Militar.
